Las organizaciones civiles salvadoreñas y la comunidad internacional denuncian múltiples abusos a los derechos humanos durante el régimen de excepción que dura ya un año
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que ha hecho de las redes sociales su principal tribuna política, ha vuelto el miércoles a lanzar uno de sus tuits favoritos. Dos frases escuetas, incluido un recado para sus críticos, y un vídeo espectacular. El anuncio es el traslado de 2.000 presos más a la supercárcel de máxima seguridad, que inauguró hace poco más de un mes con otro de sus habituales despliegues mediáticos como el golpe definitivo en su guerra contra las pandillas. La semana que viene se cumplirá un año desde que Bukele decretó un duro régimen de excepción, que ya va por 11 prórrogas y que limita derechos y libertades constitucionales en todo el país. Tanto la comunidad internacional como organizaciones salvadoreñas de derechos humanos acusan al Gobierno de usar la tortura, arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas en su embestida contra las llamadas maras. El Gobierno, por su parte, responde con poca información, más allá de los mensajes en redes sociales del presidente, y saca pecho de una reducción histórica de la violencia.
El vídeo del miércoles, de menos de minuto y medio, parece el tráiler de una serie de Netflix. Con música de película de acción, se repiten las escenas de presos esposados de pies y manos, vestidos con apenas un calzón blanco para que se vean los tatuajes, una de las marcas de las pandillas. Van saliendo en fila, con la cabeza agachada hacia un autobús que los lleva a la nueva cárcel, donde se colocan hacinados como animales en el suelo, en interminables filas de cuerpos pegados unos a otros. Los vídeos exhibiendo a los presos han sido una constante durante los últimos meses en el marco de su polémica política de seguridad.’
El texto que acompaña el vídeo dice: “Este día, en un nuevo operativo, trasladamos al segundo grupo de 2.000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo. Con esto, ya son 4.000 pandilleros los que habitan la cárcel más criticada del mundo”. Hace menos de un mes, Bukele publicó otro vídeo similar con el primer traslado de presos a ese enorme complejo presidiario localizado a las afueras de San Salvador y anunciado por el mandatario como “la cárcel más grande de toda América”. En aquella ocasión dijo también: “Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin hacerle más daño a la población”.
Ya van más de 60.000 detenidos, según las cifras del Gobierno, desde que arrancó en marzo pasado el régimen de excepción. La suspensión de garantías constitucionales incluye las detenciones sin justificación y la rebaja de 16 a 12 años de la edad para imputar delitos penales en el caso de niños vinculados a las pandillas. La incomunicación total con el exterior, incluidos abogados y familiares, juicios virtuales sin intervención de testigos y, en general, un proceso plagado de opacidad e irregularidades.
Organizaciones de derechos humanos del país han denunciado que apenas un tercio de los detenidos tienen vínculos comprobados con las pandillas. El resto, afirman, son producto de una campaña de limpieza social para ganar puntos de cara a las elecciones del año que viene. La guerra extrema contra las mafias ha logrado debilitar a las dos principales organizaciones criminales, la Mara Salvatrucha-13 y Barrio-18. Al mismo tiempo, la estrategia electoral le está funcionando al presidente, que registra los mayores niveles de popularidad de un mandatario desde la vuelta a la democracia a principios de los noventa tras la sangrienta guerra civil.
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW) también han denunciado “abusos a gran escala” en los centros penitenciarios. La investigación del organismo, que tuvo acceso a una base de datos oficial, registró desde marzo hasta agosto del año pasado la muerte de 32 personas bajo custodia en los penales. Además de hacinamiento extremo, hay “miles de personas, incluidos cientos de menores, detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas del debido proceso”.
La deriva autoritaria del Gobierno de Bukele incluye también el asalto a las instituciones de justicia. En mayo de hace dos años, poco después de arrasar en las urnas y lograr el control de la Asamblea salvadoreña, el presidente impuso, saltándose todas las reglas, a un nuevo fiscal general y a nuevos magistrados titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Estos golpes fueron respondidos con la reprobación de EE UU, ante lo que el presidente no ha dudado en entrar a la gresca perfilando un nuevo adversario en su agenda de polarización y campaña permanente. A esta situación hay que sumar también acoso y los señalamientos a la prensa y a los organismos que se dedican a la defensa de los derechos humanos y la carrera de obstáculos para acceder a la información de interés público.
