El Poder Judicial dictó un año de prisión suspendida contra el excontralor Edgar Alarcón por difamación agravada en perjuicio de Fiorella Molinelli, de quien aseguró que ofreció dinero para que la Contraloría «no encuentre hechos irregulares» a la adenda del contrato para la construcción del aeropuerto Chincheros.
El Poder Judicial declaró penalmente responsable al excontralor, Edgar Alarcón, por el delito de difamación agravada contra la expresidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli, por lo que se le impuso un año de prisión suspendida.
La medida, dictada por el Vigésimo Séptimo Juzgado Penal Liquidador, también alcanzó a Emiliano Antonio Grillo Lobatón, Eugenio Antonio Ramírez Pando y María Teresa Esther García Valenzuela.
Según la resolución, la condena contra Grillo Lobatón y Ramírez Pando, de conformidad con el artículo 52 del Código Penal, se convierte a 52 jornadas de prestación de servicio a la comunidad, la “misma que deberá efectivizarse conforme lo establezca el Instituto Nacional Penitenciario para reos libres”.
Mientras que García Valenzuela y Alarcón Tejada deberá cumplir con una serie de reglas de conducta como no variar de domicilio ni ausentarse del país sin autorizaron del juzgado, no cometer nuevos delitos dolosos, cumplir con el registro biométrico cada 30 días, entre otros.
Asimismo, se determinó que cada uno de los sentenciados deberá pagar 600 soles como “pena conjunta 120 días multa a razón de cinco soles”, dinero que deberá ser abonado dentro de los 10 días de pronunciada la sentencia.
Por otro lado, se fijó como monto de reparación civil la suma de 293 606.04 soles, los cuales deberán ser desembolsados por los sentenciados en forma solidaria a favor de quien fuera ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
Cabe recordar, que Edgar Alarcón, en 2019, afirmó en un medio local que Fiorella Molinelli habría ofrecido 2 000 000 de soles para que la Contraloría «no encuentre hechos irregulares» a la adenda del contrato para la construcción del aeropuerto Chincheros, algo que la entonces viceministra de Transportes negó y advirtió que tomaría acciones legales.
