La Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 6999/2020-CR, que propone una Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente.
Fue en la sesión virtual de este miércoles 19 que fue conducida por su presidente, el congresista Héctor Maquera Chávez (UPP). Votaron a favor de la iniciativa 12 legisladores, y hubo 1 voto en abstención.
El objeto de la propuesta es aplicar el control concurrente a inversiones y contrataciones de bienes y servicios u obras que generen desembolsos de recursos públicos, garantías financieras y no financieras cuyos montos superen los 50 millones de soles.
La Contraloría General de la República (CGR) puede disponer discrecionalmente, asimismo, el control concurrente cuando se superen los 10 millones. En todos los casos, el control concurrente se financia hasta con el 2 % del valor total de la inversión con cargo al presupuesto institucional correspondiente.
La propuesta legislativa, además, tiene por objeto autorizar a los pliegos del gobierno nacional, regional y local y a las entidades de tratamiento empresarial, empresas públicas del ámbito del Fonafe, fondos y toda entidad o empresa bajo el ámbito del Sistema Nacional del Control a realizar transferencias a favor de la CGR a su solicitud, quien las incorpora en la categoría de gasto corriente con la fuente de financiamiento de donaciones y transferencias a fin de financiar el control concurrente.
La iniciativa está enmarcada en lo que señala el artículo 82 de la Constitución, el Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción y la vigésima cuarta y vigésima sexta política del Acuerdo Nacional.
INVITACIÓN A MINISTROS
El grupo de trabajo aprobó, por unanimidad, invitar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo Gonzales Chávez, y a los directores de Fonafe a fin de que informen sobre los casos de los trabajadores de Corpac y Centromin que fueron cesados.
También, se aprobó invitar al ministro de la Producción, José Luis Chicoma, a la próxima sesión a fin de que se refiera a temas de su sector.
INFORMES FINALES
Previamente, la Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó el informe final del Grupo de Trabajo encargado de fiscalizar los procesos de contrataciones de bienes y servicios en el Gobierno Regional de Arequipa (GRA).
Entre las conclusiones dadas a conocer por el coordinador, José Luis Ancalle (FA), destaca que los siguientes funcionarios se encontrarían inmersos en la resunta comisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de incumplimiento de funciones por omisión de actos funcionales tipificados en el artículo 377 del Código Penal: el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica; el gerente general, Gregorio Palma Figueroa; y el jefe de la oficina de Logística, Eddy Cayo Álvarez.
Además, se encontrarían inmersos en la presunta comisión del delito contra la salud pública previsto en el artículo 289 del Código Penal
Ancalle agregó que el grupo de trabajo ha evidenciado que, según un informe de Contraloría General de la República (CGR) del 19 de junio del 2020 sobre procesos de contratación directa por situación de emergencia, adquisición de guantes, mamelucos, mascarillas y otros, con un costo de 435 980 soles, que habría una sobrevaloración en la compra de dichos elementos de EPP.
“Se ha evidenciado, además, a través del informe de la Contraloría sobre el proceso de adquisición directa de bombas de infusión de dos canales y aspiradores secrecionales, rodables para reforzar la respuesta sanitaria, frente al estado de emergencia, que los equipos adquiridos no cuentan con la conformidad del área usuaria ni implementa especificaciones técnicas que afectarían la finalidad publica para la atención de pacientes COVID-19”, indicó el legislador.
Entre las recomendaciones está la remisión del informe al Ministerio Público (MP) para que realice acciones legales de acuerdo con sus atribuciones, exhortar al MP a través de la Fiscalía Provincial Corporativa para que continúe con las acciones ante las presuntas irregularidades en la ejecución de la obra pública denominada Cementerio COVID-19 en el distrito de Uchumayo, seguido contra el Gobierno Regional de Arequipa y quienes resulten responsables.
Además, se busca solicitar a la Contraloría General de la República realice actos de control y control posterior en el GRA y sus dependencias respecto a la contratación de personal bajo la modalidad del régimen del DL 1057 y servicios no personales que prestaron servicios para la prevención, control, diagnóstico, y tratamiento de la COVID-19
La Comisión de Fiscalización y Contraloría también aprobó, por mayoría, el informe final del Grupo de Trabajo encargado de investigar presuntas irregularidades en la elaboración del expediente técnico, ejecución y equipamiento de la obra Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito, provincia y región Tacna.
