Hace 15 años se realizaron por primera vez las elecciones al Parlamento Andino en el Perú. Esta entidad forma parte del Sistema Andino de Integración y lo conforman Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia y nuestro país.
La selección de los 25 representantes de esta entidad varía en cada nación. Mientras que en Chile y Colombia designan a sus cinco legisladores entre los miembros de sus Congresos; en Ecuador y Perú se llevan a cabo mediante el voto de la ciudadanía. Por su parte, en Bolivia eligen a cinco parlamentarios supraestatales, quienes también participan en otros organismos de integración.
Aunque el domingo 11 de abril se votará por cuarta vez por quiénes serán los próximos representantes peruanos, esta elección suele terminar opacada por los comicios presidenciales y congresales, que generan mayor expectativa en la ciudadanía.
Asimismo, la labor de estos funcionarios públicos es desconocida para la mayoría de la población, ya que su labor está orientada a temas de índole internacional. Por otra parte, el Parlamento Andino no tiene funciones legislativas. Es decir, solo pueden hacer recomendaciones al Congreso de la República, que sí tiene la capacidad de generar normas.
Ante ello, en los últimos meses se han presentado diversas iniciativas para retornar a la antigua modalidad de elección de los representantes andinos, en la que se escogía entre miembros del Legislativo.
“Eliminación de parlamentarios andinos recortaría gastos”
Desde las bancadas Acción Popular y Alianza para el Progreso se han planteado proyectos de ley para cambiar la forma de seleccionar a los parlamentarios andinos.
Ambos fueron presentados en junio del 2020. El primero (PL n.º 05520) es de autoría de Fernando Meléndez y Luis Valdez. Este propone modificar la Ley de elecciones de representantes ante el Parlamento Andino, con el fin de establecer que el mecanismo de elección recaiga ante el Congreso de la República, que se realizaría de la siguiente manera:
“Los representantes peruanos ante el Parlamento Andino se eligen de manera indirecta entre los integrantes del Congreso de la República, en número de cinco (5) titulares y dos (2) suplentes por cada uno de ellos calificados como primer y segundo suplente, que los suplirán en ese orden en caso de ausencia o impedimento. Son elegidos en sesión posterior a la elección de la Mesa Directiva del Congreso de la República para cumplir funciones durante todo el periodo legislativo, atendiendo el criterio de paridad.
PL n.º 05520
En su sustentación, Meléndez y Valdez señalan que en el actual contexto de crisis económica se hace necesario repensar y retornar al mecanismo de la elección indirecta.
“Esto no significa un retroceso. Por el contrario, se considera que la investidura y las funciones del parlamentario nacional le darán un mayor peso para articular la labor de parlamentario andino en las diferentes comisiones del Congreso, donde podrá expresarse, presentar iniciativas y proyectos de ley”, indican.
Mientras que el PL n.º 05602, de Jorge Vásquez Becerra, también propone lo mismo que sus colegas, pero agrega que el dinero destinado a los sueldos de los parlamentarios andinos se redireccione a mejorar el presupuesto de salud pública en las regiones del país.
“Las consecuencias económicas generadas por la pandemia de la COVID-19 hacen necesaria la adopción de medidas legislativas para maximizar el rendimiento del gasto público. (…) El ejercicio del cargo de representante peruano al Parlamento Andino no generará ninguna remuneración económica adicional”, remarca el texto de dicho proyecto de ley.
Especialistas discrepan con eliminar cargo de parlamentario andino
Consultadas por La República, dos politólogas mostraron posiciones opuestas acerca de estas iniciativas legislativas.
Para Marisol Cuéllar, lo primero que debe tomarse en cuenta para retornar a la antigua modalidad de elección son los tratados que involucran al Estado Peruano con el Parlamento Andino.
“(Una vez solucionado ello) Creo que los congresistas pueden hacer esta doble tarea, como antes solían realizarlo. Es una buena propuesta, pero hay que ver cómo darle forma por el tema de los tratados internacionales. (Por otra parte, al eliminar ese puesto exclusivo) estaríamos utilizando mejor nuestros recursos públicos, teniendo en cuenta las funciones del Parlamento Andino (que son de orden declarativo)”, opinó en diálogo con este diario.
Por su parte, Marylia Cruz comentó que eliminar las elecciones al P. A. podría atentar contra el voto popular de elegir democráticamente a estos representantes.
“No creo que la elección sea un gasto en sí, porque se realiza el mismo día que las congresales, pero quizá la crítica está en que hayan cinco personas dedicadas solo a representarnos a nivel regional. (…) Personalmente, sí creo que deben haber personas concentradas en eso, ya que en el Congreso tenemos una sobrecarga de proyectos de ley”, sostuvo.
Agregó que votar por un candidato al Parlamento Andino la fortalece como institución de representación supranacional.
“Se afianza la institución del P. A. porque va a ayudarnos en este proceso de recuperación de la pandemia y siempre es mejor tener esta cercanía a nivel regional. No es asunto de presupuesto en lo que tendríamos que fijarnos. Hay otros gastos que sí podríamos tratar de evaluar y que no afecten a órganos de representación”, puntualizó Cruz a La República.
El caso de Colombia, que eliminó elecciones al P. A
Las elecciones al Parlamento Andino en Colombia se desarrollaron por primera vez en el 2010. Sin embargo, cuatro años después, la Sala Plena de la Corte Constitucional de ese país decidió suprimirlas, debido a la poca participación en dicho proceso electoral, donde predominó el voto en blanco. Además, por el alto costo que suponía para el Estado colombiano los sueldos de estos cinco parlamentarios.
En esa línea, el magistrado Jorge Pretelt señaló “debía hacerse un mejor uso de los recursos públicos sin afectar los principios constitucionales”.
Entonces, la selección de los parlamentarios andinos volvió a la forma anterior: el Congreso elige a representantes de la Cámara (tres titulares y tres suplentes); así como senadores (dos titulares y dos suplentes).
Este mecanismo permite que estos legisladores realicen una doble función sin que ello implique gastos adicionales.
