La ley de promoción agraria desapareció tras cinco intensos días de paro en Ica, cuyas manifestaciones se replicaron en el norte del país con el saldo de un joven trabajador, Jorge Muñoz de 19 años.
El Ejecutivo, a través de los ministerios de Trabajo, Comercio Exterior, Economía y Desarrollo Agrario, ahora busca generar una propuesta laboral para el sector agroindustrial con el que se logre una “prosperidad compartida”. Así lo señaló ayer el presidente Francisco Sagasti.
“Sí es posible buscar un equilibrio entre la promoción del agro, de las inversiones de los empresarios y buenas condiciones (laborales) para los trabajadores (…). Desde el Ejecutivo estamos a la carrera para proponer algo específicamente laboral”, dijo en RPP.
Mientras que el Congreso de la República, a través de una comisión multipartidaria instalada el último viernes, también se ha puesto en marcha para generar una nueva ley agraria.
Se tiene previsto que días antes de Navidad se tenga una propuesta concreta, pero sobre todo consensuada con los empresarios y trabajadores.
No se descarta que una de las sesiones de dicha comisión se haga en Ica para recoger el sentir de los dirigentes.
Las aristas laborales
La nueva ley que se genere debe tomar en cuenta que impactará- en promedio- en la vida de 400 mil trabajadores de la agroexportación y agroindustria, quienes en este interino (mientras se elabore la nueva ley) estarán bajo el régimen laboral general.
Cabe indicar que, del total de estos trabajadores, el 49% lo concentran 15 empresas, entre ellas, Virú, Camposol, Agroindustrial Beta, Danper, El Pedregal, entre otros (ver infografía).
Los académicos consultados para esta nota coinciden en que, si bien se debe garantizar derechos laborales y hacer cambios tributarios, la nueva propuesta debe considerar la temporalidad de la actividad productiva.
“El primer desafío es asegurar que la nueva ley se cumpla, porque el grueso del problema, además de los abusos laborales y las incomodidades, tiene que ver con el incumplimiento de las propias normas”, refiere la investigadora del IEP Carolina Trivelli.
A ello, el investigador de la Universidad del Pacífico, Omar Manky, agrega que “lo central en la nueva ley agraria es la eliminación explícita del uso de las service, la vigilancia laboral por parte de la Sunafil y promover los sindicatos”, indica.
Cabe recordar que los trabajadores agrarios piden incrementar su salario diario de S/ 39,19 (incluido CTS y gratificación) a S/ 70, pero la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) -que agrupa a 384 empresas del sector- ha señalado que no sería posible ese monto.
En ese sentido, tanto Trivelli como Manky sostienen que, de haberse fomentado los sindicatos, las empresas sabrían con quién negociar, y los trabajadores tendrían un interlocutor para lograr sus mejoras laborales, como ocurre en la construcción. De esta forma también se logra el desarrollo con prosperidad compartida, agrega Carolina Trivelli.
Por su parte el laboralista Eric Castro, socio de Miranda&Amado, señala que el Ministerio del Trabajo podría proponer el incremento salarial, pero que si eso ocurriera debe seguir incluyendo la CTS y la gratificación. ¿Por qué?
“Porque es un empleo temporal. Qué pasaría si no logras tus 30 días laborados en diciembre, ¿entonces no recibes gratificación?”. Aunque también sostiene que la otra alternativa sería habilitar al trabajador de este régimen una cuenta CTS a la que pueda acceder cada vez que termine su contrato “pero trae complicaciones”.
Buenas prácticas
Juan Carlos Paredes, directivo de la Asociación de Productores de Palta Hass en Perú (Prohass) -gremio que en su pico de producción (mayo a julio) puede contratar hasta 40 mil trabajadores-, señala que se podría fomentar las mejores condiciones laborales también a través de las certificaciones de buenas prácticas laborales, las cuales no solo dependen del Ministerio de Trabajo, sino también del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
“Para exportar debemos cumplir con un mínimo de estándares también laborales; nos regimos por normas del Banco Mundial”, señala el también gerente de Agroindustria Pampa Baja (Arequipa), quien adelantó que “se acogerán a la nueva normativa que saque el Gobierno”, y que está de acuerdo con el pago del 9% a EsSalud.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Javier Palacios, expresó que hay oportunidad “para que en un lapso corto de tiempo se presente una propuesta que incluya las diferentes miradas”.
Beneficios tributarios
Otro punto que ha puesto en discusión el Congreso es la permanencia o no de los beneficios tributarios a las empresas que se acogieron al régimen agroexportador, entre ellos, el pago del 15% de Impuesto a la Renta y la depreciación a razón del 20% anual.
Desde ProHass señalan que hay espacio para hacerlas más escalonadas, beneficiando a las medianas y pequeñas empresas. Similar opinión tiene Carolina Trivelli del IEP, quien enfatizó en ponerle una fecha de inicio, para evitar incertidumbre respecto a su aplicación.
Es preciso señalar que, según la Sunat, 122 grandes empresas de la agroindustria concentraron el 72,3% de los beneficios tributarios de la ex ley Chlimper. Entre ellas, Eduardo Zegarra de Grade identificó (en 2017) 10 ubicadas en la costa: Camposol, Virú, Danper Trujillo, Sociedad Agrícola Drokasa, Complejo Agroindustrial Beta, Tal, Gandules, Sociedad Agrícola Rapel, Consorcio de Productores de Fruta y Ecosac Agrícola, quienes representan el 37% de los envíos de frutas.
Jorge Muñoz tenía 19
Y mientras el Congreso y el Ejecutivo, en Lima, se ponen de acuerdo en una nueva ley agraria, en el norte, en Trujillo, Jorge Muñoz, el joven de 19 años que falleció víctima de un disparo durante el paro agrario, fue velado. Despedido por amigos y familiares, quienes no dejaron de exigir justicia para él.
Su padre, José Muñoz, en diálogo con este diario, indicó que aún necesitan apoyo económico para seguir con las investigaciones.
Otras exigencias laborales que deben ser revisadas
De acuerdo al investigador de la Universidad del Pacífico Omar Manky, existen otras normas laborales que deben ser revisadas antes de que se conviertan en una bomba de tiempo.
Entre ellas, mencionó la Ley de Promoción de Exportaciones No Tradicionales (Ley N° 22342) que data de 1978 y que limitaría las condiciones laborales de los trabajadores textiles, dijo.
Otro tema es respecto a los derechos laborales que podrían obtener los conductores de Uber o repartidores de delivery por aplicativo.
“Ellos y ellas (trabajadores de apps de delivery) han hecho protestas
en varios países de la región, como en Argentina, Chile y Colombia. Aquí hubo algunas movilizaciones pero creo que el tema es no esperar a que sean más grandes. La lección (tras el paro en Ica) es darte cuenta de los reclamos sociales para intentarlos corregir y no cuando ya explota y la gente toma las carreteras”, indicó el investigador de la UP.
Datos
Anuncios. Sagasti informó a un medio local que la recaudación tributaria cayó más del 30% este año. “La prioridad es financiar la salud”, enfatizó.
Inversión. “Pediremos asesoría de algunos organismos financieros para identificar proyectos de inversión que puedan andar”, indicó el presidente de la República.
Reacciones
Francisco Sagasti, presidente de la República
“No se justifi ca mantener un régimen especial (en el agro) cuando fue exitoso pero con una divergencia grande. Debemos tener una prosperidad compartida, y ese es uno de los problemas del país”.
Carolina Trivelli, investigadora del IEP
“Para discutir cuánto debería ser la remuneración diaria lo que uno extraña son los sindicatos. Hoy debemos formar una mesa tripartita: empresa, trabajadores y Estado, donde se logren acuerdos”.
Julio Carbajal, secretario Fentagri
“Regreso a Ica. Ya se logró derogar la ley que no nos garantizaba nuestros derechos. Ahora toca que la comisión multipartidaria del Congreso sesione en nuestra región para escuchar nuestras demandas”.
Juan Paredes Rosales, ProHass
“Nuestra postura es clara: nos regiremos por lo que dice el gobierno (…) Hay que hacer una autocrítica porque no supimos fomentar entre nuestros trabajadores los beneficios que percibían”.
