El presidente de la República, Martín Vizcarra, se refirió la demanda de inconstitucionalidad sobre la prescripción de deudas tributarias de grandes empresas, que este martes analizará el pleno del Tribunal Constitucional.
“Estoy seguro que el Tribunal Constitucional (TC) va a actuar buscando lo que corresponde y vamos a tener que respetar, porque siempre hemos dicho que somos respetuosos. Pero creo que prescribir no sería lo más conveniente y que debería, en todo caso, el pleno del Tribunal Constitucional tomar la decisión más adecuada que se ajuste a ley, como siempre lo ha hecho”, señaló.
Desde Cusco, el jefe de Estado reiteró que el Ejecutivo será respetuoso del fallo que emita el organismo, pero advirtió que los cerca de 10 mil millones que dejaría de percibir el Gobierno, en caso de un dictamen desfavorable, tendría “un impacto en la economía”.
“Para que tengan una idea: el presupuesto de todo un año de salud es 20 mil millones al año. Estamos hablando de la mitad del presupuesto de salud de un año. Para que vean el impacto que tendría”, comentó.
“Equivale la construcción de 400 mil viviendas rurales. Es un impacto importante en nuestra economía. Pero, finalmente, el Tribunal Constitucional está viendo este tema y, como siempre, nosotros respetuosos esperamos que tomen la decisión más adecuada”, sentenció.
El mandatario señaló que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ha hecho “un sustento sólido” en este proceso. Además, apuntó que el Colegio de Abogados de La Libertad ya retiró la demanda que interpuso ante el TC. “No hay quien demande, y sí hay quien defiende, que es el Estado peruano”, indicó Vizcarra.
El pleno del TC analiza hoy la demanda de inconstitucionalidad sobre la prescripción de deudas tributarias de grandes empresas. La ponencia del caso está en manos del magistrado Ernesto Blume, quien propone declarar inconstitucional la primera disposición complementaria del Decreto Legislativo 1421 sobre los plazos de prescripción, argumentando que el Poder Ejecutivo excedió sus funciones al aprobar la norma, al amparo de las facultades para legislar en materia tributaria.
De aprobarse esta propuesta, según estimaciones de especialistas, el Estado dejaría de cobrar 11 mil millones de soles a grandes empresas. Los beneficiarios directos de la sentencia serían unas 158 empresas, entre mineras, constructoras, supermercados, clínicas y universidades privadas.
