El expresidente de Petroperú considera que se debe permitir que Petroperú tenga su propia planta de envasado de GLP y así competir sanamente con las empresas envasadoras.
La subida del balón de GLP, que ya pasa los S/ 51 en promedio y golpea el bolsillo de los hogares, obliga a repensar en cómo aprovechar el sustituto que tenemos “a la mano”: el gas natural, y que este llegue “a todos los peruanos”.
Y es que el problema de fondo no es que el GLP suba, sino que en pleno 2021, y con Camisea a la vuelta, sigamos siendo tan dependientes de él.
Parece que siempre estaremos condenados a la volatilidad internacional del petróleo.
El precio del GLP en Perú depende del valor internacional del petróleo del Mont Belvieu de EEUU. Ahora, también hay una subida que tiene que ver con la reactivación económica en el mundo y con nuevos mercados que han surgido, por eso la demanda se ha visto superada por la oferta que, además, aquí tiene problemas adicionales. Tenemos tres grandes envasadoras que manejan el 70% del mercado: Lipigas, Zeta Gas y Solgas, que en el 2019 fueron sancionadas por prácticas colusorias por el Tribunal de Indecopi. Además, la cadena de comercialización es larga, integradas por otras envasadoras y también distribuidores minoristas que van hasta los domicilios.
¿Qué se puede hacer?
Hay varias reformas en este tema central de la comercialización, y una de ellas es permitir que Petroperú tenga su propia planta de envasado de GLP, de manera que pudiera competir sanamente con las otras tres empresas. En este momento, Petroperú tiene la capacidad técnica, pero no la económica, porque tiene compromisos muy importantes para financiar la refinería de Talara. Su participación en la masificación del gas tendría que llegar por un encargo del Estado.
¿Y nunca se hizo nada?
Ahí viene el gran problema de la deficiencia del Gobierno en los últimos 15 años. Existe el gas natural de Camisea que no está atado al precio internacional del petróleo, pues proviene del Lote 88, en el cual hay un precio regulado. ¿Por qué? La empresa Shell en los años 80 y 90 invirtió más de US$ 500 millones para encontrar gas, pero no hubo un acuerdo para comercializarlo y se fue del país. Todas esas reservas se revirtieron gratis al Estado. Al momento de hacer una nueva licitación, ya no había riesgo de exploración. Las bases de la licitación establecieron un precio regulado. En 16 años, al 2021, el precio del gas natural solo subió de US$ 1 a US$ 1,59 por millón de BTU para las centrales térmicas y de US$ 1,80 a US$ 2,86 para los demás usuarios, según Osinergmin.
¿Cuánto se avanzó?
El único lugar donde ha avanzado más con la masificación de gas natural, con más de un millón de conexiones domiciliarias, es Lima. Cálidda lo hizo porque tuvo grandes clientes industriales que le permitieron un buen flujo de caja (alimentando las centrales de Chilca, por ejemplo), y con ese dinero se pudo realizar los tendidos de redes, que consisten en romper la pista para llevar el gas a cada hogar. Igual que Sedapal. Ese tendido de redes necesita un flujo que lo respalde, que permita un subsidio cruzado para invertir en los consumidores. Si fuera agua, el Estado invierte porque lo considera un servicio público, y es vital que la gente tenga agua porque hay una rentabilidad social y sanitaria, vital. Pero fuera de Lima, en Ayacucho, Abancay o Huancavelica, no existe el respaldo de grandes empresas que consuman una gran cantidad de gas con el cual tender redes domiciliarias. No puedes pretender que ahí haya rentabilidad económica, ahí lo que prima es la rentabilidad social. Ese es el criterio.
Entonces ¿qué hace falta?
Hay planes, pero no han funcionado como deberían porque el Gobierno ha tenido una estrategia equivocada en la masificación fuera de Lima. La estrategia tiene que consistir en una Autoridad Nacional de Masificación del Gas (como ha sido en Argentina, Colombia y Bolivia), que vea el problema en su conjunto y sobre la base de una construcción de redes de gasoductos. A diferencia de las redes de ductos en esos países, en el Perú solo hay un ducto: el que viene a Lima, además de un pequeño ramal para Ica, donde está Contugas. Por ejemplo, en el proyecto Siete Regiones, que debiera dar gas a Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali, el gasoducto pasa por la puerta de Ayacucho, y se podría haber aprovechado para hacer pequeños gasoductos que lleven el recurso a toda la ciudad y luego un tendido. Pero se optó por una asociación público-privada para que lleve el gas natural comprimido en pequeños camiones cisterna.
Las licitaciones para Siete Regiones fracasaron.
Hubo más de cinco y ninguna fue exitosa porque el privado no se puede financiar con los pequeños consumidores. Hay que cambiar ese enfoque, ese chip de la subsidiariedad del Estado que prioriza la rentabilidad económica ha fracasado. El propio ministro saliente de Energía y Minas, Jaime Gálvez, ha reconocido que no se podrá hacer de esa forma, y por eso planteó que se podrían usar los recursos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) para el tendido de las redes en las siete regiones. El Gobierno debe también hacer público el estudio de Mott MacDonald (MMD), la consultora inglesa que hizo el estudio sobre el Gasoducto Sur Peruano una vez que caducó la concesión, debido a la corrupción de Odebrecht. Por ello, el Estado encargó el estudio a MMD para que dé las garantías de viabilidad. Todo eso ya se entregó. El Minem ha mostrado algunos resultados en sus exposiciones, pero para tener el conocimiento completo, ese informe debe ser público; así, académicos e ingenieros podrían dar una opinión clara sobre el tema. Lo que sí se sabe es que MMD establece que el ducto debe ir por la sierra, no por la costa ni por mar. Y también que la oferta y demanda existen.
Eso también guarda una componenda social.
Exactamente. En Puno, Moquegua, Tacna y todo el sur, ahora habría gas natural para el transporte interprovincial y en las ciudades. Evidentemente, cambia la matriz energética, gracias al Lote 88 que permitiría ya no depender del petróleo importado y caro. Es un absurdo que hasta ahora eso no se haya hecho. Hay que retomar ese esfuerzo. En la costa, norte y sur también el gas reemplazaría a la gasolina y se podría usar LNG de Peru LNG, que se adecúa mejor al transporte pesado. El gas es el combustible puente para la transición energética hacia las energías limpias (solar, eólica, autos eléctricos), que es un proceso que el Acuerdo de París estima que durará 30 a 40 años. Junto a la energía eólica y solar para producir electricidad, cada vez se deben sustituir más los hidrocarburos, incluso en las centrales eléctricas a gas. Para lograrlo, tiene que haber una política de Estado que oriente a todos los actores, como lo han hecho EEUU y Europa: empresarios, Gobierno, usuarios, colegios de ingenieros, sociedad civil, y que nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a avanzar.
¿Otros países han demorado en su masificación?
No. En Bolivia comenzaron en el 2006, un año después de que el gas llegó a Lima y hoy hay más de un millón de conexiones, igual que acá pero su población es una tercera parte que la nuestra. Además, sus conexiones son descentralizadas y llegan a muchas ciudades, al igual que Colombia. Mientras se avanza con la masificación, el Gobierno puede manejar un subsidio mucho más directo a través de los vales de S/ 20 para los usuarios de menores ingresos, lo que ya existe para 800.000 hogares, pero tiene que ser por lo menos duplicado para que la gente pueda acceder a un balón de GLP más barato, porque hoy cuesta más de S/ 60.
¿Cómo queda el mercado?
Es difícil que el GLP compita con el gas natural en las ciudades a nivel domiciliario. Pero siempre habrá un mercado para el petróleo, sobre todo, en ciudades más pequeñas y en las zonas rurales porque hasta ahí no pueden llegar los ductos por su elevado costo. En Lima se consume, proporcionalmente, menos GLP en los hogares que en el resto del Perú, porque ya hay un millón de hogares conectados con gas natural. El 85% del 1,2 millones de conexiones que existen en el Perú están en la capital. En Bolivia, en cambio, solo el 35% está en La Paz, luego el resto está en Oruro, Potosí, Sucre, Cochabamba, El Alto, etc. En Colombia pasa igual.
Y en eso Petroperú tiene una oportunidad clave. En países como Argentina, Bolivia y Colombia, los proyectos de masificación, donde hay rentabilidad social y no económica, las empresas públicas muestran el camino: construyen gasoductos, alianzas con privados y van desarrollando el mercado de una industria naciente. El proyecto Camisea, para salir adelante, tuvo incentivos tributarios: depreciación acelerada, recuperación anticipada del IGV, pago de aranceles en siete años. Hubo la garantía de la red principal para que se construya el ducto, y luego la central eléctrica de Ventanilla, administrada entonces por el Estado, garantizó un consumo mínimo de 70 millones de pies cúbicos diarios. Esos incentivos le dieron rentabilidad a Camisea.
El anterior Gobierno reconoció que para masificar es necesario el apoyo estatal.
Sí, es un pedido legítimo que, además, reduce la desigualdad y también el centralismo. Es necesaria también la asistencia técnica de Argentina, Colombia y Bolivia, sobre todo estas dos últimas, que han masificado fuertemente en los Andes. Se necesita una política de Estado que haga posible recuperar la soberanía sobre el destino de nuestros recursos, contar con un plan energético de mediano plazo que avance hacia el cambio climático con energías limpias y que asegure la llegada del gas a millones de hogares, reduciendo la desigualdad y abriendo el camino a un nuevo pacto social.
