Al cierre del 2020, la recaudación tributaria proveniente de la minería sumó S/ 5.907 millones, un claro descenso respecto a un año atrás, es decir, antes de la llegada al Perú del Covid-19.

Ya en el primer trimestre de este año este concepto ascendió a S/ 3.151 millones, 57% más respecto a similar periodo del 2020, ello debido a los mejores precios de los minerales en el mercado internacional.

Pero también es cierto señalar que las devoluciones al sector minero al término del 2020 fueron de S/ 5.123 millones; mientras que en el primer trimestre del 2021 a este sector se le devolvió S/ 1.238 millones.

Es bajo ese contexto que, ad portas de un nuevo gobierno, el rol de la minería vuelve a discutirse desde dos propuestas opuestas, pero que, en teoría, apuntan a un mismo horizonte: el bienestar colectivo.

Desde “Rescate 2021”, como denomina Fuerza Popular a su plan de gobierno, se propone armonizar esta actividad extractiva con el desarrollo agrario y agropecuario, “para lograr así una sana convivencia entre estos sectores productivos”.

En recientes declaraciones, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, ha destacado que se buscará que ambos sectores (minería y agricultura) trabajen de manera armónica. “Lo haremos priorizando el agua, primero para el consumo humano, segundo para la agricultura y ganadería, y en último lugar para las actividades extractivas”, adelantó.

¿Nacionalizar o renegociar?

La propuesta de Perú Libre en el ámbito minero pasa por la estatización o nacionalización de los principales yacimientos. “Es lo que garantizará dar uso a nuestros recursos con la soberanía del caso”.

En ese sentido, se señala que el Estado debe tomar el control total sobre los sectores que generan riqueza inmediata.

Bajo la mira de este plan se encuentran los principales yacimientos de la gran y mediana minería como Yanacocha, Antamina, Toromocho, Marcona, Cuajone, Quellaveco, Toquepala, entre otros, lo mismos que al ser nacionalizados pasarán descentralizadamente a la administración de los gobiernos regionales.

Sin embargo, según recientes declaraciones de representantes de Perú Libre, la propuesta tendería a moderarse y se optaría por una renegociación que favorezca a las poblaciones donde están involucradas las operaciones mineras.

Justamente, renegociar con el sector minero y no estatizar es una propuesta más acertada en opinión de Jorge Maco Zaconetti, investigador de la UNMSM.

“Gane quien gane es una oportunidad para cambiar. No se puede seguir con lo mismo”, advirtió.

La minería, si bien es la actividad que mayores montos de inversión compromete, también es el sector que menos contribuye en términos relativos a la recaudación y ello debido al gran número de partidas deducibles (del impuesto a la renta) con las que cuenta.

“No hay punto de comparación entre los ingresos, es decir, la utilidad antes de impuestos que genera la minería y lo que capta el Estado. Se deben renegociar los contratos mineros en lo referente al tratamiento tributario”, aseveró el experto

Conflictividad social

De acuerdo con el Reporte de Conflictos Sociales correspondiente a marzo del 2021, de la Defensoría del Pueblo, se reportó 194 conflictos sociales registrados (143 activos y 51 latentes). Loreto, Cusco y Áncash concentran la mayor parte de ellos.

En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (64,4 %). Respecto de los conflictos vinculados a la minería, el porcentaje de estos, con relación a los socioambientales, es de 64,0% o 80 conflictos.

Un hecho no menor y que advierte la Red Muqui es que no solo en las provincias donde actualmente se desarrollan los grandes proyectos mineros: Antamina–Huari, Ancash; Las Bambas–Cotabambas y Grau, Apurímac; Antapaccay–Espinar, Cusco; Constanza–Chumbivilcas, Cusco; Toquepala–Jorge Basadre, Tacna; Perú Libre con Pedro Castillo ganó abrumadoramente las elecciones con más del 50% en las votaciones; sino también en las provincias donde desde hace más de una década se rechaza la imposición de proyectos mineros: Conga -en las provincias de Cajamarca y Celendín-; Río Blanco -en Ayabaca y Huancabamba, Piura– ; y Tía María –en la provincia de Islay, Arequipa-.

Para Iván Lanegra, exviceministro de Interculturalidad, la conflictividad socioambiental no es necesariamente el factor crítico para explicar la alta votación de Pedro Castillo.

“Un factor explicativo son las condiciones de carencia, de ausencia del Estado, de una sensación de distancia o brecha con relación a otras zonas del país. Por más que haya recursos disponibles, la capacidad de transformarlos en obras y recursos es limitada. La empresa minera no puede resolver eso, es un tema del Estado”, aseveró.

Políticas públicas, entre ellas la territorial, que abarquen aspectos integrales, podrían mitigar no solo la conflictividad, sino los índices de corrupción en las regiones mineras, señala.

“La conflictividad expresa otros problemas, los conflictos son el síntoma, no el problema. Siempre hay más preocupación sobre cómo generar más inversiones y no está mal, es importante, pero sin lo otro vamos a volver al círculo de proyectos que se paralizan. Sin atacar el problema de fondo, el conflicto va a regresar”, subrayó el especialista.

Un ajuste tributario: un factor central

Manco recordó que cuando en 2011 se renegoció el nuevo marco tributario minero se anunció que se captarían S/ 3.000 millones adicionales al IR. Esta meta no se logró. En 2015, cuando grandes proyectos mineros salieron, el IR, en vez de aumentar, descendió.

Las recomendaciones del informe final de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible (presentado en febrero del 2020) sería un punto de partida para dar solución a varios de los temas antes mencionados, sugirió Iván Lanegra.