A 13 años del operativo “Eclipse 2010”, las personas investigadas por el delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de colaboración con el terrorismo, fueron absueltos por la Corte Suprema de Justicia. De las 145 personas inicialmente estaban incluidas en el expediente n° 00375-2010, quedaron 112 de los cuales 14 fueron sentenciados y a 98 ciudadanos entre varones y mujeres los declararon inocentes.
Algunos permanecieron privados de su libertad más de seis años en los penales de Santa Mónica y Castro Castro, otros murieron en la cárcel como es el caso del entonces alcalde del distrito de Monzón, provincia de Huamalies, Iburcio Morales. Al ser absueltos de la acusación fiscal, la mayoría de las personas asesoradas por el abogado Luis Carlos Simeón Hurtado, están preparando una demanda civil al Estado por el daño moral causado.
En la última reunión sostenida en la ciudad de Aucayacu, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, los involucrados hablaron de lo que significó estos trece años de haber sido señalados como colaboradores del narcoterrorismo y que al final fueron absueltos de la acusación fiscal.
Respecto a la demanda, el abogado, dijo que el Estado debe resarcir el daño moral y emergente que causó a cada uno de las personas que fueron apresadas en el 2010 y explicó que la pretensión económica por la indemnización es de dos millones de soles.
“Para presentar una demanda de esta naturaleza (reparación) debemos hacerlo por la vía civil cumpliendo los requisitos que establecen las normas. Es su justo derecho de interponer la demanda, pero cualquier monto no va curar las heridas que provocó estar privados de su libertad y haber sufrido durante 13 años ser sindicados de colaborar con el terrorismo”, dijo a la prensa.
Explicó que el proceso civil durará varios años, pero está seguro que al final el Estado debe pagar el perjuicio que causó a cada una de las personas que fueron detenidas injustamente en un operativo que para él fue ilegal y por el cual tuvieron que acudir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer notar que el Estado Peruano estaba violentando los derechos de un grupo de ciudadanos.
A su turno, el ex alcalde del distrito de Daniel Alomía Robles (Pumahuasi), Alán Valdivia, quien estuvo recluido en el penal Castro Castro, dijo sentirse feliz por la absolución y que por fin la pesadilla terminó para él y su familia, esto debido desde que salió de prisión por exceso de carcelería, fue detenido varias veces por tener impedimento de salida del país por el delito de terrorismo y en el sistema de la Policía Nacional figuraba como requisitoriado.
La resolución de absolución fue emitida por la Sala Penal Nacional en el 2016, pero la fiscalía apeló y luego de siete años, la Corte Suprema como última instancia declaró que no había nulidad y confirmó la absolución de las 98 personas.
