El fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial, sustentó el pedido de prisión preventiva de 18 meses que ha solicitado contra el expresidente Martín Vizcarra, quien es investigado por haber recibido presuntos sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua.
Para el representante del Ministerio Público, el exmandatario podría recibir una pena de 34 años de cárcel en una eventual condena por los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita.
Esta probable condena supera ampliamente uno de los requisitos para que alguien tenga prisión preventiva: que la pena a imponerse contra el investigado sea mayor a cuatro años. Por su parte, el abogado del exjefe de Estado, Fernando Ugaz, rechazó esta estimación.
El jueves 18 de marzo, a las 9.30 a. m., se realizará la segunda parte de la audiencia virtual en la que se debatirá el peligro procesal; es decir, si existe peligro de fuga o si hay una intensión de entorpecer u obstaculizar el desarrollo de la investigación por parte de Vizcarra.
La jueza a cargo de la segunda parte de la audiencia virtual seguirá siendo María de los Ángeles Álvarez Camacho, del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado de Delitos de Corrupción de Funcionarios, quien este miércoles escuchó los argumentos del fiscal y del abogado del expresidente durante más de siete horas.
Según los aspirantes a colaboradores eficaces, el actual candidato al Congreso por Somos Perú habría recibido un monto de S/ 1 300 000 de parte de ICCGSA para la adjudicación de la reconstrucción del Hospital Regional de Moquegua. Además, señalan que Obrainsa le habría abonado S/ 1 000 000 de soles por la entrega del proyecto de irrigación Lomas de Ilo.
Vizcarra asegura que no hay argumento para pedir prisión preventiva
La semana pasada, tras enterarse del pedido de prisión preventiva, Martín Vizcarra declaró a la prensa y señaló que no existen argumentos válidos para que pueda proceder la medida.
“No ha cambiado nada en estos tres, cuatro meses de investigación, desde que hemos dejado el Gobierno. Las cosas siguen inalterables. No hay ningún argumento para solicitar esta prisión preventiva”, expresó desde la puerta de su casa en San Isidro.
Asimismo, criticó que se haya hecho esta solicitud a pocos días de las elecciones generales que se realizarán el 11 de abril.
“Ese es el fondo del problema. A menos de un mes, se pide prisión preventiva para un candidato de un partido que tiene en las encuestas la primera opción para el Congreso”, comentó.