La autógrafa aprobada recoge la iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas que incorpora garantías estatales para deudores con problemas de pago. De esta forma se estima que el grupo de beneficiarios es de 54,000 potenciales deudores que podrían aplicar a este mecanismo de reprogramación de deudas con garantías estatales.

Cabe destacar que, en el modelo de garantías del Estado, los beneficiarios acceden a las garantías entre el 50% y 100% de la deudas, no por el total sino por los 18 meses. En este caso, si una persona reprograma la deudas se establece un nuevo cronograma de pagos, y en caso de incumplir en el primer tercio del plazo la garantía del Estado no cubre, sino que recién se activa en el segundo tercio, hasta por el 50% de la deuda, y en el tercer tercio del plazo, hasta por el 100% de la deuda, del periodo que se ha reprogramado.

Este jueves el pleno virtual en el que se debatía el texto sustitutorio que propone el “congelamiento de deudas” para quienes enfrenten problemas de pago a raíz del COVID-19 fue suspendido tras la presentación de una cuestión previa en la que se solicitó la participación de la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, para sustentar la propuesta del Gobierno.

Esta tarde, durante su exposición ante el pleno del Congreso, la ministra Alva dijo que el proyecto de “Ley de reprogramación extraordinaria de pago de créditos para la protección del ahorro y fortalecimiento del sistema financiero por estado de emergencia nacional”, que plantea una garantía otorgada por el Banco Central de Reserva (BCR), interfiere en contratos entre privados e impone una misma solución a todas las personas con deudas.

“El primer comentario es que interfiere en contratos entre privados. Recientemente hemos tenido un ejemplo concreto con la ley de peajes que fue declarada inconstitucional y tenemos que aprender de esa experiencia”, indicó.